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domingo, 26 de marzo de 2017

La matanza humanista

Las operaciones de Liberación del Pueblo, las de antes y las de ahora, tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad

@javiermayorca

Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).
La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.
Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.
Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:


 Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.
Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.
En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..
En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.
Las fases de la OLHP
Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.
La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.
La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..
El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.

Breves

*Llegó una carta escrita por el capitán de la Guardia Nacional Jesús María Alarcón, ex jefe de la segunda compañía del destacamento 212 de Barquisimeto, quien fue detenido en noviembre de 2015 por una supuesta conspiración llamada Golpe Fénix. El oficial permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques. El texto es largo, pero de extremada importancia. Aquí un extracto: “(…) por mantener siempre una conducta intachable en mi profesión he caído donde aquellos creyeron que me destruirían (…). Soy un oficial de la honorable Guardia Nacional de Venezuela en el grado de capitán, que por tener un pensamiento fiel, justo y ante todo respetuoso a la Constitución y a las leyes estoy privado de mi libertad (…). Soy un fiel amante a la democracia y a mi país, ya que para eso fui formado y entrenado en la mejor de las escuelas militares, la Efofac, recibiendo toda la inversión que la Nación hizo en mí para que una vez cumplidas todas mis metas físicas y académicas pudiera tener en mis manos el sable que genera mando y comando sobre las honorables tropas, que fielmente he sabido comandar. Juré solemnemente ante el país y mi bandera defender la Constitución, las leyes de la República y la integridad de los espacios venezolanos, hasta perder la vida si fuese necesario, vida que en muchas oportunidades arriesgué. Todo lo que he narrado suena muy bonito y poético, pero la realidad es que al graduarme y ejercer todos mis conocimientos teóricos en la práctica me dí cuenta de que no todo era como me lo habían dibujado, no era nada parecido a aquellas largas conversaciones nocturnas que tuve en mi formación de cadete (…) Veía constantemente cómo se incorporaba la militancia política dentro de la Fuerza Armada. Eso realmente comenzaba a preocuparme ya que no fui criado para ser político (…) Sin embargo observaba cómo la teoría marxista se involucraba cada día más en los oficiales superiores, especialmente en los grados de generales, que a decir verdad no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Observaba cómo adulaban a un Presidente de la República que constantemente citaba a Fidel Castro como el Padre del socialismo, mismo personaje que en los años sesenta quiso invadir Venezuela. Realmente estábamos por mal camino. Posterior al fallecimiento del presidente Chávez, sentí una gran decepción al ver las órdenes de los oficiales generales de colocar imágenes del fallecido Presidente en todos los comandos de la Guardia Nacional. Aún mayor fue la decepción cuando observaba oficiales cubanos opinando sobre las operaciones militares venezolanas. La exaltación del presidente Chávez era tan grande que ni siquiera a Dios nuestro creador y creador del universo se le ha dado en las filas de la Fuerza Armada un ápice de lo que al mencionado Presidente se le está dando. Y así fue como nos obligaron a tenerlo en los cuarteles. Pero lamentablemente nadie podía opinar de ese descontento porque automáticamente sería preso (…) He sido crítico de las opiniones del sistema de Gobierno, opiniones que constitucionalmente son amparadas, ya que la Ley Fundamental de la República permite que los militares deliberemos sobre las circunstancias políticas del país. Pero eso realmente no importa. Como ya sabemos la aplicación de la norma es para todos aquellos que estamos en contra de sus ideales comunistas o ventajistas, ya que estoy convencido de que lo que pasa en el país va más allá de un ideal político, está atado al oportunismo y a las consecuencias de la corrupción desmedida en todo este tiempo (…) Me he llenado de orgullo de conocer a grupos de personas, incluyendo jóvenes y adultos, que estamos presos por las mismas circunstancias dictatoriales. Para ellos mis saludos y respeto. A todos los presos políticos, especialmente a los integrantes de los grupos conocidos como el plan Jericó (Aviación), Golpe Azul (Aviación), Golpe Fénix (Guardia Nacional) y francotiradores (Ejército), valientes hombres que están presos solo por pensar constitucionalmente y ajustados a una realidad (…) Solo nosotros sabemos lo podrido del sistema de justicia al que nos enfrentamos, solo los familiares de cualquier preso, cualquiera que sea su delito, conoce verdaderamente que la dama ciega no tiene los ojos completamente vendados (…) Para conocer de injusticias solo basta estar preso. Aquí es donde nos damos cuenta de la cantidad de violaciones a los derechos humanos (…) No quiero protagonismo. Solo busco que se conozca la realidad (…) Presidente: le exhorto a que se vea en un espejo y se siente a pensar acompañado de la soledad a darse cuenta de que ha fracasado, que el modelo socialista que plantearon no dio resultados positivos. Lo invito a entender que hay muchos venezolanos pasando hambre. Quizá usted no lo sienta tanto por los lujos y beneficios de sus temporales cargos, que repito es lo que los ata al poder. Sea humano y sepa que lo hizo mal. Dese la oportunidad de renunciar (…) Si se hace llamar democrático llame a elecciones generales. ¿Cuál es el miedo de contarse en votos? (…) Ya a usted y su modelo chavista no lo quiere nadie, al punto que usted mismo comenta en cadena nacional que espera una puñalada de su misma gente. No es justo que un país tan rico en minerales, en petróleo, en alimentos, tan rico en su gente esté muriendo por falta de medicamentos y de alimentos (…) No me arrepentiré jamás de mis acciones y pensamientos. Mis hijas en su momento entenderán que su papá estuvo preso solo por opinar en cambiar y lograr la libertad para Venezuela (…)”.

*Durante un evento del Observatorio del Delito Organizado en San Cristóbal, el periodista Gustavo Azócar afirmó que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se incorporaron a la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Esta afirmación está sustentada en noticias divulgadas a través de las redes sociales en esa localidad, que citan los testimonios de vecinos, cuyos nombres desde luego no son referidos por razones de seguridad. “Esa información es cierta”, señaló el diputado por ese estado Javier Tarazona, quien ya ha denunciado la penetración de los guerrilleros en otras instancias del quehacer en la región. El parlamentario dijo haber conocido los testimonios de primera mano.

*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora  mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.

Evidencia del ataque
*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.

*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.


*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”. 

domingo, 12 de marzo de 2017

En el corazón de la zona de paz

Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.
La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.
“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.
Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.
Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.
Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.
La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.
Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.
Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.
En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.
En Cumbo, hasta la iglesia cerró
De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.
De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…
Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.
El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.
“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.
En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.
El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.
Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.
Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.
“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.
El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.
La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

Las máscaras solo protegen el nombre
*Profundo impacto en la opinión pública ocasionó el uso de “máscaras tácticas” por parte de los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional que participaron en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo llevada a cabo el viernes en la calle 17 de El Valle y alrededores. Fue tal la impresión que la mayoría de los comentarios se centró en el aspecto cadavérico de los implementos, y no en el hecho de que durante la acción policial/militar hubo 9 muertos y más de 50 detenciones. También pasó desapercibido que el objetivo de esta redada masiva o “saturación” era la captura o “neutralización” de Carlos Luis Revette, alias Coqui. Este fue el propósito de la primera OLP, en julio de 2015 en la Cota 905, y de otras cuatro movilizaciones posteriores. En todas, los cuerpos policiales han fracasado, aunque luego exhiban partes de muertes y detenciones. En cuanto a las máscaras se han pronunciado tanto la organización de derechos humanos Provea como el diputado Ricardo Sánchez. La primera para cuestionar su utilización y el parlamentario para defenderla. Sánchez aseguró en una declaración distribuida por redes de mensajería el sábado 11 de marzo que este uso obedece a “estándares internacionales”. En realidad, el estándar internacional de las acciones policiales y de las militares en funciones de seguridad ciudadana apunta hacia la dirección contraria. Sánchez debería saber esto, pues ha participado activamente en las comisiones que intentan una reforma de la Policía Nacional. Las “máscaras tácticas”, tal y como fueron apreciadas en las fotos, no proporcionan protección balística. Los modelos exhibidos (skull tactical mask) son utilizados primordialmente en prácticas de Paintball. Los fabrican en China y los venden por e-bay con precios que van desde los 9 dólares hasta los 20 dólares, dependiendo de si llevan bufanda u otros aditivos.  Por lo tanto, solo sirven en estas operaciones policiales para encubrir o impedir la correcta identificación de los funcionarios. Por otra parte, podrían ser consideradas como ilegales, desde luego, por tribunales independientes que analicen los enmascaramientos a la luz del artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que establece un principio fundamental de identificación permanente de los funcionarios, que solo tiene excepción en operaciones encubiertas y de inteligencia policial. Y las OLHP son todo lo contrario. Son redadas masivas. La participación de “policías sin rostro” o militares en la misma condición (supuestos integrantes de la unidad Delta de la DGCIM) es en realidad una forma más de ocultar las identidades de los participantes y dificultar por ende cualquier investigación posterior sobre violación a derechos fundamentales. En 2009 hubo en Inglaterra un fuerte debate ante el caso de un agente policial que se negó a identificarse plenamente durante un procedimiento. Ante esto el criterio del jefe de la Policía Metropolitana de Londres fue claro: “Los policías (…) deben llevar sus placas en todo momento”. Ese es el estándar internacional.

Arduo trabajo falta en la PGV
*Luego de un prolongado silencio, el Ministerio Público precisó que han encontrado catorce osamentas enterradas en fosas en la caballeriza de la antigua Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Cinco de los cadáveres carecían de cabeza, es decir, estaban decapitados. Los rumores divulgados a través de redes sociales y sistemas de mensajería hablaban de cientos de personas presuntamente ultimadas y enterradas allí. Pero el trabajo forense hasta el momento indica una cifra mucho menor, aunque no por eso carente de gravedad. La versión inicial aportada por la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela indica que las osamentas fueron encontradas cuando removían la antigua instalación. Como se sabe, la PGV fue desalojada en octubre de 2016, luego de una cadena de hechos en la que incluso se determinó que el pram de los internos, Franklin Hernández, había adquirido un lote de 86 granadas vendido por militares del Ejército. Uno de tales explosivos fue lanzado contra individuos que supuestamente querían desafiar la autoridad de alias Masacre. Las experticias determinarán si los cadáveres hallados en los escombros de la antigua prisión fueron de este hecho u otros. Este trabajo no es sencillo. Involucra a muchas personas, y por lo tanto es difícil de ocultar. Al momento de escribir esta nota, la Fiscalía recaba datos sobre personas desaparecidas en Guárico, así como registros dentales, radiografías o informes sobre otras características que permitan la correcta identificación de los restos. Esta historia seguramente tendrá continuación.

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.

domingo, 26 de febrero de 2017

Un vicepresidente en la lista Clinton



Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior

@javiermayorca

El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa  general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.
Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración..
La red de empresas según el Tesoro
No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.
Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.
El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.
En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.
Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.

Breves

*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.

*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.

*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.

*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.

*Luego del asedio al que fue sometido mientras daba una misa en la iglesia San Pedro Claver del 23 de Enero, el 29 de enero a la 1 pm, el párroco Angel Tortolero se vio obligado a salir del país. El religioso participaba en el oficio dominical junto al obispo auxiliar de Caracas Jesús González de Zárate, cuando el templo fue tomado por miembros de colectivos armados que hacen vida en ese sector de la capital. Durante unos 40 minutos, más de 300 personas que habían acudido a la misa fueron obligadas a escuchar una sucesión de consignas contra la jerarquía eclesiástica y a favor del proceso liderado por el presidente Nicolás Maduro. Algunos activistas opositores que estaban entre la muchedumbre fueron reconocidos y amenazados. En los días posteriores, debido a amenazas directas, Tortolero optó por viajar a Perú.

*El juicio sobre la quieba fraudulenta del Banco Peravia en República Dominicana tuvo un giro esta semana cuando la Fiscalía de ese país confirmó que las pesquisas se extenderían a un grupo de venezolanos que supuestamente recibió cuantiosos préstamos en moneda extranjera. Según el abogado César Amadeo Peralta, acusador privado en nombre de un conjunto de víctimas, las autoridades dominicanas solicitaron a Interpol la emisión de notificaciones rojas (órdenes de búsqueda y captura internacionales) contra un conjunto de personas que supuestamente participó en el esquema fraudulento. Entre ellos están los directivos de la entidad financiera José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jimérez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona de Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Maria Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Laviosa López. Además de ellos, otros venezolanos y corporaciones manejadas por personas de esta nacionalidad están bajo la lupa. Se indaga si formaban parte activa del esquema fraudulento. Por ejemplo, una mujer de apellido Lauría, venezolana con pasaporte italiano, obtuvo un empréstito por 7,5 millones de pesos dominicanos. Otra de apellido Toncetich recibió 14,4 millones de la misma moneda. Un hombre Abello Cañas obtuvo 18,5 millones…En fin, la lista se extiende hasta 89 nombres. Cabe destacar que por este caso permanece detenido y enjuiciado Omar Farías, llamado en Venezuela el Zar de los Seguros, así como su hijo homónimo. Ambos gozan actualmente del beneficio de casa por cárcel en ese país.

*El tema de la inseguridad fue tratado en el congreso pemón celebrado entre el 12 y el 17 de febrero en la comunidad indígena Waramasén, a 25 kilómetros de Santa Elena de Uairén. La nota publicada en el órgano divulgativo de la fundación Mujeres del Agua indica que en sectores de Ikabarú “los prames (…) están tomando el control de esas zonas de donde sale el oro y diamantes, y están amenazando de muerte a las autoridades del pueblo indígena pemón”. En ese congreso se acordó solicitar al Ejecutivo “una limpieza de las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de la Gran Sabana”, pues de lo contrario la justicia sería impartida por miembros de estas mismas comunidades. La nota divulgada el 24 de febrero advierte que desde agosto de 2016 han llegado a la zona de Ikabarú unas 1.600 personas para ejercer la minería, lo que ha incrementado “las disputas por los yacimientos, los robos y amedrentamientos contra los indígenas”. Se confirmó además la información divulgada en la anterior entrega de este espacio, sobre el robo de 600 gramos de oro a manos de una banda que se trasladó a Parkupí en helicóptero.

domingo, 12 de febrero de 2017

El PCAO de la FAN

La Fuerza Armada podrá participar en ejercicios para contrarrestar invasiones imaginarias. Pero a la hora de la verdad su capacidad para responder ante situaciones concretas es ínfima

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

Para el momento de la publicación de esta columna habrán transcurrido 40 días desde que desapareció en las selvas de Amazonas el helicóptero Mi17 del Ejército siglas EV0796. El rastro del aparato se perdió mientras volaba con 13 personas a bordo, cinco de ellas civiles a unas 70 millas de Puerto Ayacucho.
La aeronave también llevaba una carga de alimentos (cajas Clap mexicanas y perniles) para una “jornada social” que se llevaría a cabo en La Esmeralda. Desde entonces, el Gobierno ha realizado dos desfiles y un ejercicio cívico-militar, todos con propósitos eminentemente políticos, pero que no pueden esconder la terrible realidad que se vive dentro de los cuarteles.
El ministro de la Defensa general en jefe Vladimir Padrino ha insistido en la necesidad de que la FAN logre lo que llama “plena condición de apresto operacional” o PCAO. Esto implica que las unidades militares gocen de los medios humanos y materiales para el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas, y en términos más generales de la misión que les asigna la Constitución.
Pero una cosa es desfilar y hacer ejercicios sobre la invasión de un imperio imaginario y otra es la capacidad de reaccionar con celeridad ante situaciones reales y concretas. Allí es que se mide el verdadero PCAO. En el caso del helicóptero, la reacción ocurrió dos días después. La primera información oficial fue difundida el 1 de enero, es decir, tres días después de haber perdido contacto con la tripulación. Los militares incluso tuvieron que admitir en lo interno su incapacidad para ubicar los restos del aparato de fabricación rusa, hasta el punto en que el presidente Maduro hizo una convocatoria pública para incorporar a expertos civiles en cuestiones de búsqueda y salvamento. Esto se hizo a regañadientes dos semanas después.
El apresto es casi nulo
La ausencia del “pleno apresto” también se evidenció en diciembre, cuando se declaró un acuartelamiento tipo A en unidades de la FAN para responder ante la eventual extensión a otras partes del país de las revueltas y saqueos que se desarrollaban primordialmente en Bolívar y Apure, así como en otros seis estados, debido a la súbita desincorporación de los billetes de Bs 100.
La orden de regresar a filas ocurrió en medio del primer turno de asueto navideño, y solo fue cumplida por la oficialidad que posee vehículos personales. Pero la mayoría de los militares no pudo acatarla, ni siquiera luego de que los llamaran a sus teléfonos (“plan de localización”), pues ellos tampoco tenían dinero para tomar transportes públicos, y en muchas oportunidades estos autobuses tampoco prestaron servicio, debido precisamente al riesgo que eso implicaba. Según documentos revisados, en esa oportunidad hubo unidades castrenses en las que solo el 40% de la tropa cumplió con el acuartelamiento.
En ambas situaciones, los laboratorios gubernamentales aplicaron tácticas abiertas y encubiertas de desinformación y engaño. Hubo incluso un vocero militar que hizo un desmentido público del acuartelamiento, cuando en todas las unidades de la FAN circulaba el radiograma correspondiente. En el caso del helicóptero ordenaron a los familiares de los tripulantes y pasajeros que evitaran contactos con la prensa independiente, para así reafirmar el vacío de información.
La Fuerza Armada, como ocurre con el resto del país, está sintiendo el deterioro económico, y esto afecta la capacidad para cumplir sus tareas básicas. Hay guardias nacionales que son enviados en comisión de servicio sin prever siquiera la asignación para alimentos, el llamado “rancho”. Por lo que estos militares llegan a su destino a ejercer la mendicidad, o peor aún a vender sus servicios al mejor postor.
Esto resume el verdadero PCAO de la FAN.

Breves

*El 2 de febrero el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general Franklin García Duque, emitió una orden “de estricto cumplimiento” relativa al porte y el uso del arna orgánica, es decir, la que asigna ese cuerpo a sus funcionarios. Los agentes, indica el documento, deberán contar con un “acta de asignación personalizada” por cada arma que se entregue. Pero estas pistolas (generalmente marca Beretta modelo PX4 calibre 9 mm) deberán ser dejadas en custodia de la institución cuando el agente finalice su jornada laboral. En otras palabras, no podrán llevarlas cuando estén francos de servicio. Los únicos exceptuados de esta medida son los oficiales con el grado de comisionado jefe. La orden de García Duque lleva implícito un reconocimiento sobre la imposibilidad de dotar a cada agente de la PNB con una pistola, pues indica que los parques de armas de cada dependencia deberán ser dotados de forma conveniente para que desde allí se entreguen las Berettas a los agentes cuando salgan a ejercer sus funciones. La decisión del máximo jefe de la PNB fue tomada en parte como una forma de prevenir los numerosos ataques del hampa a los funcionarios, especialmente los de menor jerarquía. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), en 2016 fueron ultimados 414 policías, militares o escoltas. En el rubro de las policías civiles la PNB fue la institución que más víctimas acumuló con 62.

*El jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Ramón Pimentel, envió una circular a todas sus dependencias para recordar que la comercialización de telefonía es un delito, y que además está prohibido lo que denominó la “resolución privada de casos”. Previamente, se había prohibido la entrada a las unidades del Conas en todo el país al representante de una operadora de telefonía celular, quien al parecer actuaba en combinación con oficiales de esa unidad a los efectos de fomentar este mercado negro. Algunos efectivos del Conas, como en otras policías, también han tratado de mejorar sus ingresos económicos mediante la venta de información. Antes de emitir la referida comunicación, Pimentel se reunión con todos los operadores del Sistema de Información Policial (Siipol) para recordarles que la data de este archivo solo puede ser utilizada con fines de investigación penal.

*El director de la organización Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, reveló que en Venezuela la población carcelaria ronda ya las 100.000 personas. Hay aproximadamente 55.000 presos en internados judiciales y otros 45.000 en retenes policiales o “centros de detención preventiva”. Esto implica que la población “privada de libertad” según la jerga oficial se ha incrementado en 30% durante 2016. Este dato coincide parcialmente con informes elaborados por el Servicio de Seguridad Penitenciaria de la Guardia Nacional. Según ese despacho, en octubre de 2016 había 53.087 presos distribuidos en 37 centros penitenciarios. Para diciembre, la cifra se había elevado a 53.487 internos. Ahora bien, la GN también tiene centros de detención en sus cuarteles. Allí hay 2.881 personas. Se trata entonces de civiles que permanecen en instalaciones militares. Los grupos más grandes están en sedes de Lara (384) y Anzoátegui (319). A veces ni siquiera están en celdas sino en salones donde anteriormente se celebraban reuniones, ahora convertidos en retenes. Esto desde luego ocasiona incomodidades en el personal militar.

La orden del día
*El 31 de enero el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, envió una circular a todas las dependencias de esa policía para recordar a los funcionarios el deber de “ser cuidadosos con las imágenes, fotografías o datos que colocan en sus respectivos pin, whatsapp, twitter, Facebook, Instagram, tomando en cuenta que muchas de estas imágenes o informaciones son visualizadas por personas que buscan desprestigiar nuestra institución o por delincuentes que de un momento a otro pueden accionar contra el funcionario o su grupo familiar (…)”. Simultáneamente las redes de mensajería conformadas por policías alertaron que el Gobierno haría cumplir la prohibición de transmitir por esa vía los datos sobre procedimientos policiales, y que se harían revisiones sorpresivas a los teléfonos de los agentes para determinar si habían acatado esta directriz. Desde diciembre han sido detenidos tres detectives de la policía judicial por enviar datos sobre sitios de suceso, previa investigación a los aparatos por efectivos de la División contra Delitos Informáticos. No es cacería de brujas, sino de agentes. Una policía que se preciaba de su estrecha relación con los periodistas (hay libros sobre esto) ahora se maneja como si estuviese en una burbuja plástica, en pleno siglo XXI. Hay, desde luego, mucho de ocultamiento de la “corrupción endógena”, que antes se ventilaba públicamente gracias a las redes sociales.

*Esto lo escriben desde la selva. El hecho referido fue durante la última semana de enero. Un helicóptero, indican los lugareños, aterrizó en la población minera de Parkupí, cercana a Santa Elena de Uairén (Bolívar). Del aparato bajaron “malandros bien armados que obligaron a los mineros indígenas a reasumir el corte (de minerales) y se llevaron 600 grs de oro”. A pesar de las amenazas, un representante de la comunidad acudió a la comandancia del Ejército en Caracas para solicitar mayor presencia de los militares. Pero entre los indígenas no hay consenso al respecto debido a numerosos incidentes en los que los soldados han cometido abusos contra la población predominantemente indígena.

Reconstrucción a paso de morrocoy
*La caída del puente Guanape II tomó por sorpresa a las autoridades de la Gobernación del estado Vargas y del ministerio de Infraestructura. Como no encontraban una explicación distinta a la de la falta de mantenimiento preventivo, intentaron culpar a la oposición y a algún periodista que venía reflejando las denuncias de las comunidades sobre el mal estado de este paso, vital para la comunicación terrestre hacia el este de la región. El gobernador García Carneiro incluso dijo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) estaba en el lugar investigando el suceso, como si ellos contaran con especialistas en siniestros de este tipo de estructuras. Lo cierto es que la vialidad en Vargas deja mucho que desear. García Carneiro no lo dijo, pero en Catia la Mar todos saben que mes y medio antes de la caída del puente Guanape II se desplomó otro que pasa sobre la quebrada de Puerto Viejo, en una vía de servicio que lleva desde Catia la Mar hacia Playa Grande. Como el puente no tiene dolientes, su reconstrucción va a “paso de morrocoy”, según el testimonio de uno de los residentes del lugar. En este caso, la caída de la estructura ocurrió cuando una gandola que remolcaba una grúa lápiz intentó pasar por allí. En el lugar, además, no hay ni siquiera una valla que indique quién ejecuta la obra, tal y como lo exige la legislación vigente. La foto que acompaña esta nota fue tomada el 8 de febrero. Juzgue usted…

domingo, 29 de enero de 2017

El nuevo plan de Maduro

Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se realizó la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la del pasado 23 de enero hubo tres fallecidos. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905.
Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la ¨neutralización” de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores, ya sea por la muerte o por la detención de sus integrantes. En la Policía Nacional las llaman ¨operaciones de saturación¨, puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.
Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. Entre unas y otras hay parecidos. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y a la vez son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio. Por lo tanto la finalidad de las operaciones en otras partes del mundo no es la eliminación física de los líderes o miembros de las bandas sino la retoma del territorio por parte del Estado.
Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.
La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la ¨base de sustentación política¨ del chavismo-madurismo.
Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, quien luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.
El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un ¨estado mayor¨.
Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean ¨canibalizados¨, es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.
También está el problema del llamado ¨pie de fuerza¨ de los cuerpos de seguridad. En la Gran Caracas solamente son necesarios unos 36.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase  abastos o panaderías.
Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como ¨patriotas cooperantes¨ y apoyen en determinadas operaciones.
Patria Segura II: más politización
Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana.  Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de ¨inteligencia popular¨ participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.
Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.
Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.

Breves

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.

*La Policía Nacional adelanta un plan para el ¨rescate de la imagen¨ de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades. En el primero se intentará incrementar el ¨sentido de pertenencia¨ y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al ¨héroe del mes¨. Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que ¨los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución¨.

*El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.

*En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades.  Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.

*El diputado Guillermo Palacios consignó una serie de documentos ante la subcomisión especial del Parlamento que investiga el caso de Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los sobrinos de la Primera Dama Cilia Flores condenados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para traficar drogas a los  Estados Unidos. Según el parlamentario, los documentos se refieren a las contrataciones que supuestamente ha obtenido la compañía Coinspectra, propietaria del jet que llevó a los sobrinos a la cita en Puerto Príncipe (Haití), en septiembre de 2015, cuando fueron detenidos por la policía local y entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Palacios indicó que esta constructora ha sido la beneficiaria de numerosos contratos para la reconstrucción de internados judiciales en el país, supuestamente entregados por decisión de la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela. El diputado dijo que el jet fue recuperado luego de un embargo, y que por esta razón fue puesto a nombre de una empresa homónima de la venezolana, inscrita en Norteamérica. Para Palacios no es casual que esa aeronave haya llevado a los sobrinos hasta la isla, en la que ultimarían detalles sobre el traslado de un alijo de 800 kilos de cocaína, pues al parecer existe un nudo de relaciones entre los propietarios de la empresa y el entorno presidencial. “Estos jóvenes no actuaban solos. Gozaban de apoyo para obtener prebendas”, dijo en referencia a Flores y Campo. Los documentos correspondientes fueron entregados al diputado José Luis Pirela, quien preside el grupo parlamentario que investiga este caso.


*Esta semana fue presentado ante un tribunal militar de control en Caracas el general de brigada retirado de la Guardia Nacional Ramón Lozada Saavedra. Le imputaron instigación a la rebelión militar, entre otros delitos. Su detención fue practicada por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar poco después del nuevo encarcelamiento del exministro de la Defensa general en jefe Raúl Baduel. Entre ambos oficiales existe una vieja amistad. Lozada es el mismo militar que fue víctima de un extraño secuestro en noviembre de 2013. En aquella oportunidad fue interceptado cuando circulaba en su vehículo particular por Montalbán. El oficial retirado de 57 años de edad apareció ileso en Apure dos semanas después. Sus familiares aseguraron entonces que no pagaron rescate.

lunes, 2 de enero de 2017

Un año de masacres

Si algo distinguió a la violencia de 2016 fue la sucesión de hechos con múltiples víctimas, en algunos casos a manos de funcionarios de cuerpos policiales o militares

@javiermayorca

En Venezuela no existe una definición legal de masacre. Sin embargo, cuando uno revisa lo sucedido en 2016 se percata de que fueron reiterativas las muertes de personas en conglomerados en diversas partes del país.
El Manual de clasificación de delitos (1995) del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, es decir, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros. Esto no quiere decir que todas las víctimas tienen que estar reunidas en un mismo sitio de suceso. Pero al menos deben existir proximidades temporal y geográfica entre los fallecidos. Según esta categorización, existen las masacres clásicas, las familiares y los llamados asesinatos en sucesión, en los que una persona o grupo van matando en una o más locaciones.
Venezuela recorre desde hace tiempo por un proceso de colectivización de la criminalidad violenta. Primero fueron los asaltos masivos, en transportes colectivos como buses o vagones del Metro, en salas de cine o viviendas (incluso varios apartamentos de una misma edificación), y los robos de varios vehículos en un mismo estacionamiento. Luego vinieron los secuestros llamados carrousel, una marca registrada en 2005 por la banda Los Invisibles que posteriormente se extendió a otras organizaciones criminales hasta el día de hoy. Y desde luego tarde o temprano llegarían los homicidios de grupos enteros.
Antes las masacres eran esporádicas y ocasionaban escándalo público. Por ejemplo, la de El Amparo en el estado Apure, en la que catorce personas murieron debido a la acción de funcionarios adscritos al extinto Comando Específico José Antonio Páez (octubre de 1988), ameritó una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en un caso de estudio.
Aunque la definición de masacre ya referida no lo indica de manera explícita, se supone que en todo hecho de esta naturaleza las víctimas están en condición de minusvalía con respecto a sus victimarios. No están armadas o fueron reducidas antes de que fuesen ultimadas. De no ser así, entraríamos en casos de muertes por legítima defensa. Como vemos, una de las condiciones necesarias para determinar la existencia de una masacre es la ilegalidad de la acción de los victimarios.
Tumeremo: el escándalo rompió el silencio
En 2016 contamos tres grandes masacres: la de Tumeremo (Bolívar), la de Cariaco (Sucre) y la de Barlovento (Miranda). Estos tres sucesos totalizaron 31 muertes, aunque todavía se dice que el número de víctimas en los casos de Bolívar y Miranda podría ser mayor.
En los dos últimos casos, los perpetradores eran funcionarios activos de componentes militares incorporados por decisión explícita del Ejecutivo a los planes de seguridad. En el caso de Barlovento, la matanza se desarrolló en el marco de una operación Liberación del Pueblo. Este es un aspecto que eventualmente podría llamar la atención de los organismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
En los tres casos, además, intervinieron las bandas criminales como una justificación o una causa eficiente de las matanzas. Ya en este mismo espacio habíamos advertido que estas estructuras delictivas se habían instalado como parte del panorama de seguridad ciudadana, esencialmente por las decisiones erráticas y a menudo contradictorias tomadas por el Ejecutivo a partir de 2013, con el inicio del programa de las “zonas de paz”.
Pero también alertamos que en muchas oportunidades las acciones y mensajes atribuidos a estas bandas serían tomados como pretexto para emprender tácticas de “mano dura”, que a la postre han convertido a los cuerpos de seguridad en importantes factores de la violencia criminal en todo el país.
El Observatorio Venezolano de la Violencia señaló que durante 2016 ocurrieron en promedio 22 masacres mensuales en todo el país. Pero la institución dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León elaboró este cálculo sobre la base de las muertes de 3 o más personas reportadas a las distintas universidades que participan en la evaluación periódica de los homicidios. Si se toma como referencia la definición del FBI y se cruza con datos del Ministerio de Relaciones Interiores conocidos extraoficialmente el promedio mensual de masacres en el país fue siete. El último caso conocido ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando un supuesto “cambio de gobierno” en el seno de una banda criminal que opera en el sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy dejó seis muertos. Sobre este caso, por cierto, no se ha producido ningún anuncio de la Fiscalía.
Un aspecto interesante es que las instituciones del Estado parecieran tener hacia las masacres la misma actitud omisiva y negligente que muestran con respecto a las muertes individuales. Evidencia de esto es que dos de los tres casos más sonados de 2016 (Tumeremo y Barlovento) fueron investigados una vez que los deudos hicieron pronunciamientos que sensibilizaron a la opinión pública. Aun así, en el caso de Bolívar se debe recordar que hasta último momento el Gobernador de la entidad intentó desvirtuar las denuncias, colocando la carga de la prueba sobre los individuos y no sobre los cuerpos del Estado que debían iniciar las pesquisas. Esto abrió un lapso que fue aprovechado por los perpetradores para ocultar evidencias y abandonar el sitio del suceso.

Breves

*El ciberespacio será uno de los ámbitos de conflicto entre los periodistas independientes y el actual régimen venezolano. Hay en el Gobierno la convicción de que se deben ejercer mayores controles sobre lo que se divulga a través de internet, así como también incrementar los riesgos legales derivados de la divulgación de informaciones incorrectas o falsas. Y es que, ante la censura que prevalece en los medios convencionales, el público ha migrado en masa hacia los medios web. Esto incluye también a los oficialistas. Para incrementar las presiones no será necesaria la elaboración de nuevas leyes sino una aplicación de las disposiciones sobre terrorismo existentes en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Ya el director general de Conatel Andrés Eloy Méndez así como otros voceros del régimen han adelantado los escenarios. También se ha ensayado con la inducción al error mediante la divulgación de informaciones falsas a través de redes de mensajería, con la finalidad de que sean avaladas y difundidas por algún medio, para luego aplicar sanciones ejemplarizantes. Mucho de esto se ha intentado en el ámbito de los sucesos. El último consistió en la “filtración” de una foto que supuestamente era de un grupo de comerciantes chinos que, según el chisme, fueron víctimas fatales de las hordas que saquearon Ciudad Bolívar. La gráfica en realidad fue tomada durante una protesta contra la inseguridad en Brasil.

*Las extorsiones cometidas por agentes de cuerpos de seguridad llegaron en diciembre a niveles insospechados. Hubo denuncias de todo tipo: desde comerciantes que fueron emboscados por agentes de la Policía Nacional cuando se disponían a cerrar la venta de algún bien ofrecido a través de páginas web hasta funcionarios que se presentaron en consultorios para exigir cuantiosos pagos a cambio de no instruir expedientes por mal praxis médica. Esto sucede en medio de un proceso de supuesta refundación de la institución pionera del “nuevo modelo policial”. Un proceso que hasta ahora no ha rendido los frutos previstos y que aparentemente se hundirá en el mar de la burocracia, tal y como sucedió con la “revolución policial” que alguna vez fue asignada por Maduro al entonces diputado Freddy Bernal.

*El 16 de diciembre, el International Crisis Group publicó un reporte en el que advierte, como han hecho otras entidades, sobre la delicada situación política y de orden público que atravesará Venezuela en 2017. Un extracto: “Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el Gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.”

*Uno de los delitos que mayor repunte tuvo en el país fue el secuestro. Para el momento de escribir esta entrega todavía los cuerpos de seguridad no tenían una cifra consolidada sobre los casos reportados en todo el país. Pero definitivamente Aragua fue una de las regiones donde las bandas arremetieron con más fuerza, demostrando además un creciente nivel de organización. En noviembre, por ejemplo, un estudiante de 20 años de edad fue plagiado en San Mateo, y una vez cancelado el rescate fue liberado en Plaza Venezuela. Esto sugiere incluso que las organizaciones de la capital pudieron entablar acuerdos o alianzas con elementos que operan en el centro del país. Cuando faltaban diez días para finalizar 2016 los secuestros en Aragua se habían incrementado en 71% con respecto a todo el período anterior.


*El Ejecutivo y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de un proyecto para ejercer un mayor control sobre la información relativa a la criminalidad del país. La iniciativa es denominada Sistema de Consulta de Datos. Hay aspectos loables, como por ejemplo abrir las posibilidades de un intercambio de datos más fluido entre los componentes civiles y militares que participan en tareas de policía, con la Fiscalía como eje pivotante de la información. De otra parte, las filtraciones de información serán tratadas como delitos de “traición a la patria”. Los analistas y operadores del sistema deberán firmar una caución en la que se comprometen a guardar la confidencialidad sobre los datos manejados aún después de haber cesado en esas funciones