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domingo, 20 de mayo de 2018

El futuro de las sanciones

-Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político

@javiermayorca

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.
Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.
Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.
En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el mandatario de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.
A finales de 2014, luego de tomar en consideración la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país. 
A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.
En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.
En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.
Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.
Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.
Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.
Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.
En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral. 

Breves

*A propósito de las sanciones, luego de la divulgación de esta columna en Runrunes y Tal Cual, el jueves 17 de mayo, una persona ligada al Servicio Exterior relató pormenores de la reunión sostenida el 10 de mayo entre el ministro de Información Jorge Rodríguez y embajadores europeos. Rodríguez hizo varias menciones al impacto que según su óptica han tenido las sanciones aplicadas por la comunidad internacional contra el régimen de Maduro. Sostuvo que debido a esto no se ha superado la escasez de medicamentos. En vista de su insistencia, una embajadora tomó la palabra y le recordó dos puntos: 1) hasta el momento las sanciones han sido aplicadas en forma individualizada contra personeros del Ejecutivo, y con la finalidad de impedir la adquisición de nuevas armas por el régimen, de manera que la escasez de medicinas no se debe a estas medidas sino a que el Gobierno de Maduro continúa adeudando montos millonarios a los laboratorios que producen tales fármacos; 2) debido a que la Comunidad Europea ha desconocido la convocatoria a los comicios del 20 de mayo, lo más probable es que las sanciones de los países que la integran continuarán en el futuro cercano.

*Durante la campaña electoral, hubo detalles que (re) confirman la pérdida de imparcialidad de la Fuerza Armada. Esto no es nuevo. Sin embargo, las cosas han ido sucediendo con rapidez, una tras otra, de manera tal que a veces el ciudadano común pierde la perspectiva, y eventualmente puede pensar que son normales algunas actividades que en estricto sentido no lo son. A continuación, un breve listado:
El candidato de la FAN
-los militares fueron comisionados para participar en las jornadas de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la excusa de evitar situaciones de orden público. En ese plan, se involucraron activamente en la emisión de los plásticos de la parcialidad oficialista. Simultáneamente, ejercieron el mismo rol en la emisión del Carnet de la Patria. Partido y Estado fusionados;
-la Casa Militar fue utilizada abiertamente como apoyo logístico a la campaña del candidato-presidente. Los miembros de la Guardia de Honor fueron los encargados de hacer las pregiras y tantear el ambiente de apoyo o rechazo en la sociedad civil a las pretensiones reeleccionistas de Maduro;
-en las unidades de la Fuerza Armada, así como en sus centros de formación, se ordenó que todo el personal, tanto castrense como civil, acudiese a las urnas de votación este 20 de mayo. Los jefes de unidades estaban obligados a enviar partes periódicos sobre los efectivos que votaron. Estos reportes se harían mediante mensajes de texto (sms) a los teléfonos de oficiales designados para recibir tal información. De esta forma, en virtud de los intereses del Ejecutivo, un derecho se convirtió en una obligación;
-debido al deterioro de los servicios públicos, y en especial del transporte colectivo, las unidades militares fueron utilizadas para trasladar a votantes a los centros de interés para el oficialismo.

Peravia: por ahora, nada qué hacer
*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.  

*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.

*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.

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domingo, 6 de mayo de 2018

El policía de Pdvsa


La acusación ventilada en Texas contra cinco ex importantes operadores de la industria petrolera revela mucho más que actos de corrupción

@javiermayorca

Hace dos meses, el gobierno estadounidense dio a conocer el contenido de una acusación presentada en agosto de 2017 ante un Gran Jurado constituido en el Distrito Sur del estado de Texas, en contra de cinco venezolanos que hasta hace muy poco tiempo fueron importantes operadores de la industria petrolera venezolana.
Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos; el ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas Luis de León Pérez; César David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven; Alejandro Iztúriz Chiesa, ex asistente de la presidencia de la misma filial, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal, quien llegó a ser gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal petrolera durante la gestión del ex ministro de Energía y ex embajador ante la ONU Rafael Ramírez.
Este grupo fue solicitado en extradición a España, país donde disfrutaban de las fortunas que supuestamente fueron amasadas gracias a un sistema de sobornos para el otorgamiento de contratos a terceros, así como de tráfico de influencias.
Villalobos y sus presuntos cómplices fueron detenidos por autoridades españolas en octubre de 2017. Ya para ese momento, habían transcurrido por lo menos cinco años de investigaciones a sus actividades y las de otros integrantes del entorno de Ramírez, como su primo Diego Salazar.
El primer indicio fueron las irregularidades detectadas en 2011 en la Banca Privada de Andorra. Estas operaciones de presunto lavado de más de dos millardos de dólares llevaron al gobierno estadounidense a emitir una alerta internacional, que en mayo de 2015 desencadenó la intervención de esa entidad, filial del Banco Madrid. Villalobos también aparece ligado directamente al expediente del principado europeo.
Pero los estadounidenses acumularon tal cantidad de información sobre este grupo que la acusación presentada ante el juzgado de Texas solo toca algunas transacciones que fueron conducidas a través de un entramado de empresas y cuentas afiliadas en Curazao y Suiza. Estas corporaciones pertenecen a dos empresarios, juzgados y sentenciados en ese estado por delitos similares: Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El documento de acusación deja en claro que Rincón, Shiera, Villalobos y los otros cuatro forman parte de un esquema que involucra a muchas más personas, perseguibles de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior. De allí que algunos sean caracterizados, para los efectos del proceso penal, como individuos de “interés doméstico” (caso de Luis de León) y otros como “oficiales foráneos”. En esta última categoría entran Alejandro Istúriz y Rafael Reiter.
Nadal, de 39 años de edad, tenía a su cargo la dependencia conocida comúnmente como la “policía interna” en la estatal petrolera. Su función principal era impedir la ocurrencia de hechos que atentaran contra la integridad del patrimonio de la institución. Por ende, contar con su complicidad era vital para la permanencia del esquema corrupto. Hay testimonios que ligan a Reiter con el grupo de Shiera desde hace por lo menos cuatro años, cuando estaba en marcha un proceso para negociar la refinería de Pdvsa en Aruba.
Reiter: lujos a expensas de Pdvsa
Pero Reiter se cuidaba. Solía actuar a través de terceros. Las pesquisas detectaron, por ejemplo, que “ordenaba que parte del dinero que le debían en conexión con el esquema fuese usado para comprar un condominio a nombre de una compañía controlada por un familiar”. Esta transacción implicó transferencias por más de 860 mil dólares. El inmueble está en el Four Seasons de Miami. Otro millón y medio de dólares supuestamente fue solicitado por Reiter para financiar la filmación de una película, a través de una productora cuyo nombre no ha sido divulgado por los acusadores.
Otras formas de pago incluían fines de semana a todo dar en hoteles de Aruba, la adquisición de vehículos blindados en una fábrica de Texas, compras de bolsos de marca por 10 mil dólares e, incluso, el pago de cursos de inglés para allegados. Todo a expensas de Rincón y Shiera.
Sin embargo, una comparación con los señalamientos que se hacen a Reiter y los formulados a los otros integrantes del mismo grupo de acusados permite concluir que estaría abierta la posibilidad de una negociación entre Nadal y las autoridades estadounidenses. Pdvsa, donde Reiter trabajó por años, fue vital para la conformación de grupos armados (los “colectivos de La Campiña”) y el financiamiento de actividades políticas en Venezuela y otros países, como por ejemplo la Argentina de los Kirchner.
El caso de Reiter, por lo tanto, podría tener un curso distinto al del resto de los acusados por el esquema de sobornos de Pdvsa.

Breves

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó en una circular distribuida en todas las unidades que la caja de ahorros “temporalmente se encuentra inactiva” en lo relativo a suscripción de documentos y a transacciones financieras. Esto ocurre en días inmediatamente posteriores a la elección de una nueva junta directiva entidad. El comisario general jubilado Vicente Márquez, que participó en una de las planchas durante este reciente proceso, afirmó que existen indicios sobre presuntas irregularidades en la administración saliente. “El dinero que entraba no se revertía debidamente a los funcionarios, y la caja ya no prestaba fondos como antes lo hacía”, recordó. Añadió que se retardó la construcción de un complejo turístico con fondos de la entidad en el estado Falcón, pues solo se ha concluido una de las dos torres del proyecto original. En la referida circular, el director de Cicpc ofreció que el supermercado de la caja retomaría sus actividades, lo que confirma además que este comercio estaba en plan de cierre. Según Márquez, la caja recibe aportes de hasta 10% del salario de unos 25.000 miembros (funcionarios de policía judicial, activos y jubilados) e igual cantidad por aporte del patrono, lo que sumaría unos Bs 25 millardos mensuales. En la actualidad, la directiva entrante lleva a cabo las gestiones de protocolización de firmas, pero aún no se ha presentado formalmente el informe de gestión de la directiva saliente.

Trato suave a Urdaneta
*Manuel Enrique Urdaneta Pino, hijo del exdirector de la Disip, teniente coronel retirado del Ejército Jesús Urdaneta Hernández, se evadió de la vivienda en la que permanecía recluido en virtud de las averiguaciones por el homicidio del taxista César Ibarra. Este profesional del volante, de 47 años de edad, fue ultimado con un tiro en la nuca el lunes 26 de febrero en la calle El Manguito de La Unión. Urdaneta era el único detenido por este crimen. Según fuentes policiales, lo identificaron como la última persona que pidió los servicios de la víctima, luego de comprar un helado en el Farmatodo de La Lagunita. Los registros de cámaras de vigilancia, ubicadas en ese local y en otros lugares en el trayecto recorrido por el taxista, permitieron establecer un nexo entre la víctima y el victimario, así como también una correspondencia con las horas en las que se cometió el homicidio. Urdaneta Pino fue aprehendido en marzo por una comisión mixta de Cicpc y la Policía de El Hatillo. Su papá, oficial retirado y uno de los líderes del golpe del 4 de febrero de 1992, intentó mediar con los agentes. Pero al presentársele la orden de captura tuvo que entregarlo. El 20 de abril, la juez octava de control Diana Marcano Lira ordenó que Urdaneta Pino tuviese casa por cárcel, sin apostamiento policial. El argumento era que este abogado de 30 años de edad padecía problemas de hipertensión. Los agentes solo debían hacer dos verificaciones diarias sobre la presencia del detenido en el inmueble. El viernes, a las 11 am, los uniformados tocaron a la puerta de la casa 5-68 de la urbanización El Halcón. Nadie atendió. Llamaron a la mamá del imputado. Ella dijo que no estaba allí, que insistieran pues seguramente el hombre se encontraba en el baño. Volvieron a tocar y no hubo respuesta. Ella regresó al inmueble a las 4 pm, y al abrir los policías confirmaron la sospecha. Urdaneta Pino había sido detenido bajo cargos de homicidio calificado por motivos fútiles. Cuando le hicieron la prueba de análisis de trazas de disparo (ATD), en la policía judicial, dio positivo. El arma homicida, sin embargo, nunca fue recuperada, aunque sí dos cajas de cartuchos 9 mm, que tenía guardadas en la misma vivienda de la cual escapó.

*El ministerio de Relaciones Interiores evalúa un plan integral de seguridad para el parque nacional El Avila, también llamado Waraira Repano. La iniciativa fue planteada por la Guardia Nacional en atención a las quejas cada vez más frecuentes sobre la actividad de delincuentes en distintas áreas de este pulmón vegetal. Esencialmente, se pretende trasladar el sistema de los cuadrantes de patrullaje a las trochas y veredas del cerro, en sus costados sur y norte. Tres cuadrantes serían atendidos por 186 militares y los restantes quedarían bajo la responsabilidad de 120 oficiales de la Policía Nacional. Serían en total 306 uniformados para cubrir unas 85.000 hectáreas. En el caso de la PNB, las áreas que deberán vigilar son Humboldt, Mecedores y Lagunazo (cuadrante 3) y San Francisco, El Guamito y Manzanares (cuadrante 2). La coordinación de la vigilancia correría por cuenta del Escuadrón Montado de la GN.

*La Fuerza Armada y la policía judicial ordenaron en forma simultánea una revisión detallada de todos los parques de armas y de las armas consignadas en las salas de evidencia, como consecuencia de procedimientos penales. En menos de dos semanas, fueron reportados casos en Carabobo y Falcón en los que estallaron granadas mientras eran manipuladas de manera inadecuada por civiles. En el último episodio, reportado en una vivienda frente a la plaza Libertad de Coro, un hombre murió y otras tres personas fueron heridas por las esquirlas. Tal parece que luego de una etapa de relativo control, han resurgido con fuerza las transferencias ilegales de armas y municiones a bandas criminales.

*En los días previos a la elección presidencial, hay un ambiente de crispación en la Fuerza Armada. En unidades de la Aviación se ordenan acuartelamientos inesperados y sin aparente razón. El espionaje a las redes de mensajería se hizo casi rutinario en todos los componentes, hasta el punto en que han ordenado que los militares entreguen la información correspondiente al código IMEI de sus teléfonos celulares. En la Guardia Nacional, luego de varios meses en los que habían represado los otorgamientos de bajas, se resolvió sacar de la fuerza a más de 1770 efectivos de tropa. El deslave en la oficialidad de la institución también es de pronóstico. En medio de este ambiente, hay unidades del interior del país que han ordenado estado de alerta máximo en los días que vienen. Los comandantes de zonas militares exigieron a los jefes de estas instalaciones la presentación inmediata de “planes de desconcentración”, que permitan relocalizar con rapidez las tropas y sus armamentos, cuando se detecte un ataque inminente. Mientras tanto, exigen que los oficiales y las tropas salgan a votar para la reelección del actual mandatario. De lo contrario, no habrá carnet de la patria, ni bonos, ni vivienda barata ni Clap.

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domingo, 22 de abril de 2018

Venezuela, ruta segura

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

@javiermayorca

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.
Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.
Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos. Canadá también se ha incorporado a esta ola.
Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína tuvo un leve descenso a principios de la década. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.


A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido incrementándose. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto eleva el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína. Aunque Venezuela no es tenida mundialmente como un país productor sino de tránsito, los hechos sugieren que estas categorías ya no son puras. En el caso venezolano, según el balance de la ONA, fueron detectados durante 2017 unos 64 enclaves destinados mayoritariamente a la conversión final de la pasta base en clorhidrato de cocaína. Pero en algunos casos, detectados en Machiques de Perijá, también había sembradíos de arbusto de coca. De manera que estamos ante un proceso incipiente de integración de toda la industria de producción de cocaína en territorio nacional.

Lo que pasa y lo que se queda

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.
En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.
Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.
Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros para los narcos- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:


Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.
Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.
La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.
Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

Breves

*El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas, así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

*La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

*La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puerto Ayacucho y Valencia.

*A propósito de la entrega anterior, el colega José Rafael Ramírez me preguntó cuántos años tenían las personas ultimadas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”. Su teoría es que la mayor porción de estos individuos tiene edades que rondan los dieciocho años, es decir, fueron criados según los valores predominantes durante la era del chavismo/madurismo. La indagatoria hecha en fuentes de Relaciones Interiores fue reveladora. Resulta ser que el 44% de las personas fallecidas en supuestos “enfrentamientos” con policías y militares durante este año no tiene una edad claramente determinada. Esto sugiere serias deficiencias en los procesos de identificación judicial, que son mandatorios en estos casos. En otras palabras, cuatro de cada diez muertos en tales condiciones no fueron plenamente identificados. La consecuencia directa es que los posibles excesos y usos ilegítimos de la fuerza letal quedarán impunes. Las edades de los demás fallecidos se distribuyen de la siguiente manera:


El grupo más numeroso de supuestos delincuentes ultimados en casos catalogados como “resistencia a la autoridad” tiene un máximo de 26 años de edad. Se trata de personas que tenían apenas siete años cuando Chávez llegó al poder. Los otros grupos de mayor relevancia tienen edades inferiores a los 24 años. En fin de cuentas, el 58% de estos casos involucra a personas que nacieron y crecieron durante las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su heredero.

Si desea comunicarse con el autor de este blog puede escribir al correo crimenessincastigo@gmail.com. Sus aportes, opiniones, críticas y observaciones serán bien recibidas.

domingo, 8 de abril de 2018

El oro y el retén


-Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

@javiermayorca

1) El oro a escondidas

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.
En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.
En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de abril, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.
El oro fue llevado a Dubai en este jet
El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

2) Los muertos que no quieren contar

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y la exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.
Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.
La presencia de féminas en el lugar era la consecuencia de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue puesto de relieve por los familiares de los reclusos.
Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.
La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.
Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.
De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.

Breves

*Una nueva ola de extorsiones telefónicas se registra en los estados centrales del país. De acuerdo con víctimas que han escrito al correo crimenessincastigo@gmail.com, las llamadas amenazantes son atribuidas a miembros del Tren de Aragua, quizá la mayor megabanda del país en la actualidad, no solo por el número de miembros sino también por las fuertes evidencias de su enganche con factores de la política regional y nacional. Por citar una: en diciembre de 2016, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela prometió que el internado judicial de Aragua entraría en su particular noción del “régimen penitenciario”. Todavía se espera que cumpla lo dicho. Mientras tanto, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional intenta aprovechar la situación. Recientemente, fue distribuida una encuesta entre los jefes de las unidades regionales, en las que se les exhorta a responder que están de manos atadas frente a la catarata de extorsiones, porque supuestamente no disponen de los recursos humanos ni la tecnología para afrontar esta tarea. El mensaje al Ministerio de la Defensa, desde luego, es que necesitan más dinero. Veremos qué contestan desde Caracas.

*Desde el ministerio de Relaciones Interiores indican que, al cerrar el primer trimestre de 2018, los cuerpos policiales han ultimado a 1.413 personas en el curso de 1.550 casos de supuestas resistencias a la autoridad. Esto representa un tercio de todos los homicidios reportados durante este lapso (4.686). Esta cifra no toma en cuenta los fallecidos durante motines en los retenes policiales e internados judiciales, ya referida más arriba. Tampoco incorpora el número creciente de “averiguaciones/muerte”, o casos en los que no se ha determinado con claridad la causa del fallecimiento. Desde enero hasta marzo, el total de muertos a manos de policías y militares no ha cesado de aumentar, desde 423 en el primer mes hasta 607 en el tercero. En la actualidad, todos los días mueren en promedio 16 personas a manos de agentes de los distintos cuerpos de seguridad.  Las lógicas de represión y “mano dura” operan tanto en el Gobierno como en la oposición. Muy pocos quieren observar este asunto, y caracterizarlo como problema. Creen que actualmente la eliminación física de las personas que delinquen es la única solución efectiva para la inseguridad, ante el evidente colapso de las instituciones, entre ellas las encargadas de impartir justicia.

*El lunes 2 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió una carta firmada por los abogados Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo Antonio Alvarez y Gonzalo José Oliveros, quienes tuvieron que huir de Venezuela luego de ser juramentados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y permanecen en ese país en calidad de refugiados. El documento se describe como un “derecho de petición” formulado ante el despacho de Maria Holguin, pero realmente es una declaración en la que los remitentes dicen ser “no intervinientes y no participantes” en el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. La carta tiene seis páginas, y desde luego aquí no serán transcritas. Solo uno de los últimos párrafos que condensa la idea principal: que “se tenga a los peticionantes, a los efectos de la República de Colombia y la protección como refugiados que nos ha otorgado, como no participantes ni interesados del evento”, que finalmente se llevó a cabo el martes 3 en instalaciones del Congreso colombiano. Como se recordará, ese día la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega solicitó a los magistrados del llamado TSJ Legítimo la admisión de las pruebas sobre supuestos sobornos al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por parte de la Constructora Odebrecht, y que en consecuencia sea emitida una orden de captura internacional en su contra. La posición de los tres magistrados tomó por sorpresa a algunos que sí participan en el proceso judicial contra el Jefe del Estado. "Es una locura", exclamó uno, al ser consultado sobre la misiva. Luego, advirtió que esta decisión pudo obedecer a la presión de factores políticos que favorecen un entendimiento con el Gobierno. Mientras tanto, el hijo de uno de los magistrados argumentó que ellos no se sienten parte del grupo que motoriza el antejuicio de mérito:"(Esos magistrados) empezaron a hacer sentencias en las que por ejemplo no se citan a las partes, lo cual viola el debido proceso, y es lo que criticamos del actual modelo que impera desde hace 18 años (...) Lo que se hizo en Bogotá no solo menoscabó el debido proceso sino que también creó enormes expectativas, que desafortunadamente no van a cumplirse".

Para comunicarse con el autor de este blog, hacer denuncias o enviar algún dato de interés sobre el problema de la criminalidad en Venezuela puede escribirme a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. 

domingo, 25 de marzo de 2018

Los presos verdes del presidente Maduro


-Los militares, y especialmente los civiles, deben entender que el futuro de todos los oficiales detenidos por participar en conspiraciones, reales o ficticias, está exclusivamente en manos del Presidente

@javiermayorca

La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.
Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado.
La promoción 1999 de la Academia Militar
Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.
El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.
De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.
Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.
Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.
Lo que sucede actualmente dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestó abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.
Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

El caso de las residencias Metro traerá cola
*Está en desarrollo un enfrentamiento entre la policía judicial y la Policía Nacional. Luego del incidente del 12 de marzo en las residencias Metro de la avenida Sucre, cuando agentes de la División contra Homicidios intentaron de manera infructuosa la detención de un grupo de oficiales adscrito a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), hay en ambas instituciones una expectativa de ver quién del otro cuerpo comete un desliz. En unidades de la PNB han recibido la orden de vigilar las actividades de Cicpc. Los de este organismo, mientras tanto, adelantan diversas pesquisas sobre el involucramiento en delitos de oficiales del “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial. En el último caso conocido, agentes de la División contra Robos detuvieron a 3 PNB por estar supuestamente implicados en el asalto a viajeros que llegan por el aeropuerto de Maiquetía. Más de esto se verá en los próximos días. Es posible que estemos ante una secuela de la masacre de El Junquito, en la que elementos de la FAES actuaron sin contemplaciones contra el grupo liderado por el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, cuando éste ya había manifestado su intención de rendirse.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

*La Fuerza Armada todavía no ha comenzado los eventos preparatorios para la Operación República correspondiente a la elección presidencial, fijada para el domingo 20 de mayo. Cuando la fecha de los comicios era en abril, lo primero que hicieron fue instruir a la tropa sobre los distintos delitos electorales. Eso, desde luego, tiene un efecto residual con miras en este evento. Sin embargo, fuentes militares aseguran que en esta oportunidad habrá un despliegue castrense masivo, cuyo propósito esencial será disuadir cualquier tipo de manifestación contra la jornada de votación, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por la mayoría de los sectores políticos del país y la comunidad internacional. En la FAN, al parecer, manejan escenarios de protestas callejeras, tanto en los días previos a los comicios como durante la propia jornada.

*El 19 de marzo el Departamento de Estado divulgó el último informe de “estrategia internacional para el control de narcóticos”. Como es tradicional, el extenso documento consta de dos partes. La primera se refiere a los controles aplicados por los distintos países en cuanto al flujo de drogas ilícitas y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlas. El segundo tomo tiene que ver con la cooperación para investigar, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Según este informe, las regulaciones establecidas por el Gobierno a los distintos mercados del país ocasionan que “muchos comerciantes legítimos contacten a actores ilegales para obtener acceso a dólares estadounidenses, facilitando así el lavado de dinero”. El mercado negro del dólar fue calificado de “robusto”, y de acuerdo con el documento se nutre de divisas obtenidas del tráfico de drogas y de manipulaciones cambiarias. Se hace referencia a una variación del método conocido como el “mercado negro del peso colombiano”. Consiste en que los traficantes de drogas entregan el producto de sus ventas a contrabandistas, agentes de viajes e inversionistas, a cambio de pesos colombianos, que luego son transformados en bolívares en la frontera, a la tasa de cambio paralela, y utilizados posteriormente para comprar dólares a través de los esquemas establecidos por el Gobierno, como son las subastas y las ventas de bonos. En resumen, se usa al aparato estatal para la legitimación de capitales. El capítulo referido a Venezuela reitera que desde 2006 no hay intercambio de información entre los órganos de EEUU y este país encargados de regular e investigar la legitimación de capitales, presumiblemente debido a una infidencia de las autoridades nacionales.

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domingo, 11 de marzo de 2018

Descontento en el Ejército

-Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales

@javiermayorca

Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles y de oficiales subalternos que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.
Marín en 2010. Foto Facebook
El oficial de mayor relevancia es Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes 2 de marzo aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a trabajar a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.
Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.
Otros compañeros de la misma camada de Marín están en igual condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes y en el centro del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.
Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.
Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar. 
Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y de la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército, el principal componente de la Fuerza Armada.
En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado por Maduro de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.
“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó. 
Actualización: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, Control Ciudadano informó que el viernes 9 de marzo un juzgado de control militar con sede en Fuerte Tiuna confirmó las detenciones de nueve militares, 7 de ellos oficiales, de los cuales cuatro comandaban respectivamente los batallones Ayala (Caracas), Cipriano Castro (Calabozo), Pedro León Torres (Valencia) y Juan Paredes (Táchira). La organización representada por Rocío San Miguel indicó que las aprehensiones ocurrieron “por no adoptar una conducta política partidista en favor de la Revolución”.
El abogado Alonso Medina indicó que, de acuerdo con el Gobierno, los siete oficiales y los dos efectivos de tropa profesional enviados a tribunales formaban parte del autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Desde el exterior, el general (también expulsado de la FAN) Hebert García Plaza atribuyó al comandante Marín el liderazgo de esta agrupación, en la que participarían otros jefes de unidades tácticas. “Hay una desobediencia en marcha en la FANB, que el Gobierno oculta”, alertó.

Breves

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles ahora son seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria, Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

*Una nueva movilización militar se lleva a cabo en estados fronterizos con Colombia, especialmente en Táchira y Apure. Esta vez, con el pretexto de atacar el contrabando de alimentos a precios subsidiados y el abigeato. La operación, llamada Centinela, parte del supuesto de que tales actividades son ejercidas en la frontera por “grupos estructurados de delincuencia organizada” o GEDO, como si se tratara de algo totalmente ajeno a la Fuerza Armada. Las últimas denuncias del director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, indican que el mercado ilegal de alimentos es controlado en la zona limítrofe de Táchira por elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la anuencia de uniformados. Esta información es corroborada por trabajos periodísticos de medios colombianos. En septiembre de 2017 El País de Cali documentó mediante videos cómo opera la corrupción militar para permitir el paso de artículos de primera necesidad y personas por las trochas que van entre Colombia y Venezuela. La operación Centinela, por lo tanto, podría tener objetivos distintos y no declarados, al emplazar elementos del Ejército y los demás componentes castrenses en una zona de conflicto potencial, derivado del creciente flujo de personas que huyen hacia Colombia y otros países en virtud de la terrible crisis nacional.

*Los halcones. Según el periodista Ricardo Ravelo, así son llamados en México a los grupos armados que hacen la custodia de los cargamentos de drogas, en especial cuando son traslados por tierra o cuando se hacen los procesos de carga y descarga de alijos que son transportados por avión. Otros halcones también vigilan desde las alturas los contingentes de emigrantes ilegales en su ruta hacia la frontera norte, con Estados Unidos. Esa fue una de las primeras funciones asignadas a los integrantes de grupos tácticos de la Aviación mexicana que servían a Osiel Cárdenas, entonces líder del cartel del Golfo. Estos profesionales de armas fueron creciendo en número y poder hasta convertirse en Los Zetas. La referencia viene a propósito de un incidente reportado en la población de Mene Mauroa, Falcón, en la que un grupo armado se enfrentó a una comisión de la Guardia Nacional que intentaba detener a los ocupantes de una avioneta en vuelo sospechoso, el 7 de marzo. Uno de los vehículos militares se accidentó, y los que hacían la custodia del cargamento de drogas dieron alcance a los uniformados. En el tiroteo murió el sargento primero de la Guardia Nacional Gregory José Luzardo, y otro militar fue herido. Estas son señales muy claras de lo que ocurre en el país.

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